El antes, el hoy y el mañana de las protestas de 2017
Foto de Ernesto Pérez
Según nuestros reportes, 610 personas fueron detenidas arbitrariamente en el Zulia durante los pasados meses de protesta, siendo el Zulia la región que estadísticamente registró más detenciones por día a nivel nacional. Aunque las protestas de calle disminuyeron considerablemente después del 30 de julio y la normalidad ha retornado a la mayoría de los hogares zulianos, las violaciones de derechos humanos por el ejercicio de la protesta pacífica persisten y las secuelas se mantendrán durante los próximos años.
Si bien hablamos de 610 personas detenidas en las protestas de mayo a agosto de 2017, sólo un centenar de ellas fue presentado ante un órgano judicial. Dentro de este grupo de víctimas solo unos pocos corrieron con la suerte de ser procesados por tribunales penales ordinarios, que según la Constitución y la ley procesal penal son los competentes para conocer de este tipo de procedimientos. Estas personas se encuentran sometidas a juicio bajo medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad, situación que contrasta con la de 2014, cuando por delitos que no contemplaban privaciones preventivas de libertad los manifestantes eran recluidos en calabozos sin luz natural y no se le permitían visitas –destacándose entre ellos el caso de Eduardo García, atendido por CODHEZ, quien permaneció detenido casi tres años desde 2014.
Luego de la desalineación de la Fiscal General de la República de las políticas del gobierno en cuanto al trato que se les debe dar a las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica, los manifestantes detenidos de manera arbitraria fueron puestos a la orden de los tribunales militares. En este contexto, hombres entre 18 y 35 años fueron llevados ante la justicia militar y procesados por delitos relacionados con la vida castrense –a pesar del cuestionamiento y la solicitud reiterada en los casos atendidos por CODHEZ de que los tribunales militares declinaran la competencia ante tribunales penales ordinarios. Delitos como ultraje al centinela, menosprecio a la Fuerza Armada Nacional y rebelión fueron imputados, declarándose la privación preventiva de libertad a solicitud de la fiscalía militar, y ordenándose el traslado de los procesados a cárceles militares.
En algunos casos, la medida preventiva privativa de libertad se cumple en comandos infectados con enfermedades como hepatitis, lechina y escabiosis debido al creciente hacimiento que tienen estos centros de detención preventivos, pues vale recordar que en el Zulia fueron desalojados los principales centros penitenciarios –Sabaneta y El Marite–durante la gestión de la hoy constituyentista Iris Varela. El estado actual de la mayoría de las detenciones realizadas se encuentra en fase de investigación –que para los privados de libertad es de 45 días, mientras que para aquellos que se encuentran bajo presentación puede oscilar de 6 a 8 meses. En todo caso, la mayoría de estos procesos se dilatarán durante los próximos meses –e incluso años como ha ocurrido con los casos de 2014– debido al recurrente retardo procesal que presenta el sistema judicial venezolano, lo cual representa una verdadera condena.