Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advierte que la persecución por motivos políticos sigue ocurriendo
Este viernes, 20 de septiembre, la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la más reciente actualización oral de este mecanismo sobre la situación de derechos humanos en el país.
Actualización oral de la Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela
Señor Presidente,
Distinguidas delegadas y delegados, Señoras y señores,
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta su quinto informe ante este Consejo de conformidad con su resolución 51/29. Este informe, junto con el documento de sesión que lo acompaña y que será publicado en las próximas semanas, abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
Durante el último año y, en particular, a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se ha producido un agravamiento de la situación de los derechos humanos. La Misión es consciente de que este informe tiene especial significado por las actuales circunstancias políticas y de derechos humanos que se viven actualmente en Venezuela.
La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas, y la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder, en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto.
Desde el 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria del Presidente Maduro en las elecciones presidenciales, sin mostrar evidencias al respecto, la represión y la persecución política han ido en aumento. Según las investigaciones de la Misión, 25 personas resultaron muertas en las protestas postelectorales, un número muy alto de personas fueron detenidas, incluidos niños y niñas y personas con discapacidad, y varias personas fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración. Hemos recibido alegaciones y hemos podido documentar casos de personas sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como actos de violencia sexual y basada en género.
Tras las elecciones presidenciales, la Misión tuvo que ajustar su plan de investigación para poder traer a la atención de este Consejo los resultados preliminares de sus investigaciones sobre los hechos cometidos después del 28 de julio.
El conjunto de violaciones que se han documentado e investigado en este informe solo representa una muestra de un universo mucho más amplio, y no puede entenderse solamente como el producto de la crisis postelectoral. Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales.
En este contexto, la Misión llegó a la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período representan una continuación de la misma línea de conducta que fue caracterizada por la Misión en informes previos como crímenes de lesa humanidad.
La misión entiende que algunas de las violaciones documentadas durante el marco temporal de su mandato, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas de derechos fundamentales – entre ellos, la libertad de asociación y reunión, y la libertad de expresión – consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos.
Señor Presidente,
En marzo, durante nuestra actualización oral ante este Consejo, la Misión recordó que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente que podía activarse cuando el Gobierno lo estimara necesario. Los numerosos eventos registrados durante el período anterior a las elecciones presidenciales confirmaron que nos encontrábamos ante una fase de reactivación de la maquinaria represiva, que nunca fue desmantelada.
Durante el período que comprende el informe, continuó la represión política selectiva de personas opositoras o percibidas como tales. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas (39 hombres y nueve mujeres), entre civiles y militares, fueron detenidas en relación con lo que las autoridades consideraron como conspiraciones para desestabilizar el país, derrocar al Gobierno o atentar contra la vida del Presidente u otras altas autoridades. Esto equivale al menos a tres detenciones cada semana, todas las semanas, durante cuatro meses.
La Misión investigó casos emblemáticos de detenciones arbitrarias de reconocidas personalidades, como la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares. También investigó la persecución política contra la oposición, especialmente contra militantes y líderes y lideresas nacionales y regionales de Vente Venezuela. Cinco miembros de esta organización política con órdenes de aprehensión desde marzo de 2024, junto con otra persona cercana a esta agrupación opositora, se resguardaron en la residencia del Embajador de Argentina en Caracas y se les concedió asilo. Después de la expulsión de la representación diplomática de ese país, Brasil se encargó de la custodia de la residencia con los asilados en ella. Sin embargo, el 7 de septiembre, el Gobierno venezolano decidió revocar el beneplácito otorgado a Brasil para custodiar las instalaciones diplomáticas de Argentina.
Además, durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión llegó a documentar hasta 121 detenciones de personas que fueron detenidas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición.
Muchas de las detenciones investigadas por la Misión durante el periodo anterior a las elecciones fueron arbitrarias y, en ocasiones, fueron seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración. Estas violaciones constituyen la expresión más violenta de los innumerables obstáculos administrativos y judiciales a la legítima acción política de la oposición que impidieron el libre ejercicio del derecho a la participación política.
Señor Presidente,
Esta situación crítica de derechos humanos alcanzó un nivel sin precedentes en los últimos años tras el anuncio de los resultados electorales en la madrugada del 29 de julio. Ya antes de las elecciones, el Presidente Maduro y otras altas autoridades habían advertido sobre la posibilidad de un estallido de violencia si no lograban la victoria electoral.
La ola de protesta ciudadana que siguió al anuncio, fue reprimida con una dureza y violencia inusitadas. Según fuentes de organizaciones de la sociedad civil, entre el 29 y el 31 de julio se registraron 915 protestas en todo el país.
La Misión investigó de manera preliminar y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones o protestas ciudadanas; 24 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, la mayoría eran hombres jóvenes de barrios populares de menos de 30 años.
La Misión no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos de muertes. Pero en varios de estos casos, la Misión alcanzó a documentar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas. Estos cuerpos de seguridad, en ocasiones, estaban acompañados de grupos de civiles armados que también disparaban armas de fuego contra manifestantes.
Las detenciones en este periodo alcanzaron cifras no registradas desde 2019. Las mismas autoridades reconocieron la detención de más de 2.200 personas solo entre el 29 de julio y el 6 de agosto.
Aunque continuó la detención de miembros de la oposición política y miembros de la sociedad civil – incluyendo periodistas – la mayoría de las víctimas de detenciones tras las elecciones provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de vídeos o fotografías publicadas en redes sociales, o por la delación de personas afines al partido de Gobierno en respuesta a llamados del propio Presidente. Estas detenciones fueron masivas e indiscriminadas, y se ejecutaron a partir de planes preconcebidos, como la amenazante operación “Tun Tun”. En este último mes y medio, la Misión alcanzó a documentar 143 detenciones, incluidos 66 militantes o dirigentes de siete diferentes partidos de oposición, e inició la investigación de 12 de estas detenciones.
Los cuerpos de seguridad entraron en viviendas particulares sin las órdenes judiciales necesarias y detuvieron a las personas ante la desesperación de los familiares que no sabían si volverían a ver a su ser querido. En varios casos investigados por la Misión, los funcionarios no conocían ni el nombre de la persona a detener. Las casas de las personas que habían participado en protestas, o que eran sospechosas de haberlo hecho, fueron marcadas con una X. El Presidente Maduro dijo que las personas detenidas debían ser enviadas a “campos de trabajo” para su “reeducación”.
En este contexto, la Misión documentó la detención de al menos 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas), algunos con discapacidad – un fenómeno nunca antes registrado con tal alcance. Estas niñas y niños fueron detenidos después de las protestas e imputados por graves delitos como terrorismo e incitación al odio. Pendiente de profundizar en esta investigación, la Misión ya ha podido documentar graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez.
Señor Presidente,
La Misión constató que la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración no ha cesado. Basada en una interpretación estricta de los estándares internacionales, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que, en 13 casos, agentes del Estado llevaron a cabo privaciones de libertad y negaron reconocer la suerte o paradero de las personas detenidas, sustrayéndolas de la protección de la ley. Este número asciende a más de 20, según una interpretación más expansiva de la prohibición de la desaparición forzada.
En al menos 27 casos posteriores a las elecciones, la Misión documentó situaciones que podrían constituir desapariciones forzadas. En estos casos, las personas detenidas no pudieron comunicarse con sus familiares y abogados, las autoridades no reconocieron su detención, y no comparecieron en una audiencia de control judicial en el plazo de 48 horas que establece la ley.
También continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño.
La Misión continuó registrando actos de violencia sexual y basada en género, normalmente en centros de detención, que se incrementaron tras la crisis postelectoral. La Misión documentó manoseos de senos, glúteos y genitales; desnudez forzada y requisas invasivas; amenazas e insultos sexistas, y denegación de derechos sexuales y reproductivos contra algunas de las más de 200 mujeres y niñas detenidas, así como contra las mujeres que visitaban a sus seres queridos en los centros de detención.
La Misión registró numerosas alegaciones sobre las condiciones críticas de detención en los principales centros donde las autoridades recluyeron a las personas detenidas tras las protestas como los penales de Tocorón y Tocuyito, en el caso de los hombres, y La Crisálida para mujeres.
Tanto antes como después de las elecciones, la Misión identificó graves y sistemáticas violaciones al debido proceso de las personas detenidas. La Misión investigó detenciones donde no se informaron los motivos, ni se presentaron órdenes judiciales; retrasos injustificados en la presentación de personas detenidas ante jueces de control más allá de las 48 horas legalmente establecidas; la imposibilidad de contar con una defensa de elección propia; la conducción de audiencias en horas de la noche, sin publicidad y en los mismos centros de detención, o imputaciones desproporcionadas y sin base factual que implican penas de hasta 30 años de prisión.
Señor Presidente,
Las violaciones anteriormente descritas tuvieron lugar en el marco de un espacio cívico y democrático cada vez más reducido. El pasado 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, a pesar de las recomendaciones en contrario de la Misión, así como de la Oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto aprobado es incompatible con normas y estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de asociación y restringe aún más la capacidad de actuar libremente a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Asamblea Nacional también avanzó en el trámite de aprobación del proyecto de “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”. Bajo una definición amplia y ambigua de “fascismo” y “neofascismo”, el proyecto criminaliza expresiones ideológicas legítimas y propone severas restricciones y sanciones penales a individuos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos.
Señor Presidente,
La situación en la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo a partir del 28 de julio, se ha convertido en una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia reciente del país.
Las graves violaciones de derechos humanos y delitos se siguen cometiendo mientras presentamos nuestro informe ante este Consejo. Cientos de personas, incluidos niños y niñas, continúan detenidas en condiciones inaceptables, aumentando su riesgo de ser sometidos a actos de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual o basada en género.