Oficina de la ONU para los Derechos Humanos insta al Estado venezolano a detener el acoso en contra de trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció ante los continuos ataques contra organizaciones de la sociedad civil, trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos en Venezuela, a propósito del allanamiento de la sede de la ONG Azul Positivo y la posterior detención de seis miembros de la asociación civil.
En un comentario emitido por la portavoz de la OACNUDH, Marta Hurtado, se destacó que es el segundo ataque, en dos meses, en que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior.
Ante esto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al Estado venezolano a cesar el acoso en contra de trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil.
A continuación el comentario íntegro:
14 de enero de 2021
«Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. En el último incidente, el 12 de enero en el estado de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo. Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares.
Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales. Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal.
Al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo.
Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida».