Privación de libertad de trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo criminaliza labor humanitaria en Venezuela
El pasado jueves, 14 de enero, el Tribunal Cuarto de Control de la jurisdicción penal del estado Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, dictó medida preventiva privativa de libertad a cinco trabajadores humanitarios de la asociación civil Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo). El caso fue presentado ante tribunales de jurisdicción ordinaria luego de que el Tribunal Militar Decimoctavo de Control declinara su competencia.
Desde el pasado martes, 12 de enero, el director de la organización, Johan León Reyes; Yordy Bermúdez, director ejecutivo; y otros dos miembros de Azul Positivo, Alejandro Gómez y Layners Gutiérrez, junto a Luis Ferrebuz, lÃder comunitario, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Maracaibo.
La Comisión del DGCIM se presentó ante la sede de la organización para realizar un supuesto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de asistencia humanitaria que la organización realiza en diversas comunidades del Estado Zulia, en particular, por la implementación de un programa de ayuda alimentaria llevado a cabo por Azul Positivo en el municipio San Francisco.
Durante la audiencia preliminar, la FiscalÃa Septuagésima Séptima 77º, con competencia nacional en los delitos contra la legitimación de capitales y delitos económicos y fronterizos, a cargo de José Gregorio Rondón, fiscal titular, y Reyner RamÃrez Morales, fiscal auxiliar, imputó a los trabajadores humanitarios de Azul Positivo por los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Si bien el equipo de abogados de Azul Positivo presentó sus argumentos alegando la nulidad del procedimiento, fue declarado sin lugar.
La materialización de la privativa de libertad en contra de trabajadores humanitarios y la criminalización de su labor representa una agresión sin precedentes al espacio humanitario en Venezuela, que se verifica mientras millones de personas sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que vive el paÃs.
La detención de los integrantes de Azul Positivo representa riesgos para la vida de los grupos de personas con VIH que atienden en el Zulia, deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas, que realizan en el marco de la respuesta humanitaria que coordina Naciones Unidas en el paÃs con sus agencias en terreno, como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La privación de libertad de los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo oficializa la criminalización de la labor humanitaria en Venezuela; evidenciando una vez más el patrón de persecución, hostigamiento y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y de los actores humanitarios.
El sistema humanitario internacional instalado en Venezuela debe hacer un pronunciamiento firme ante el cierre de espacios para la asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario y para exigir la liberación inmediata y sin cargos, de los trabajadores humanitarios de Azul Positivo, asà como la devolución de sus bienes y documentos.
Desde Codhez y las organizaciones humanitarias y en defensa de los derechos humanos en Venezuela, demandamos al Estado venezolano atender el llamado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a detener el acoso en contra de los trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos en el paÃs, asà como poner fin a la persecución de la sociedad civil venezolana.
