Codhez exige investigar homicidios cometidos por funcionarios en el curso de operaciones de seguridad
El pasado 23 de octubre, el secretario de Gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que han registrado la muerte de más de 100 personas cada semana en lo que va de octubre durante supuestos enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado.
“Yo reviso todos los lunes más de 104 abatidos que se confrontaron con la autoridad y, como lo dijo el Mayor General, su destino o es rendirse, la cárcel o el cementerio. Eran de primer nivel de la mafia y seguimos”, manifestó la autoridad regional en declaraciones recogidas por los medios de comunicación.
La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en su boletín de junio de 2019, alertó que durante el primer semestre de 2019 se había registrado la muerte de, al menos, 239 personas en hechos violentos con intervención policial en todo el Zulia. Hasta la última semana de septiembre, de acuerdo con Codhez, este número ha aumentado a 485.
Esta cifra solo cuenta los casos que han sido publicados por medios de comunicación regionales, pero considerando las declaraciones ofrecidas por Lisandro Cabello, la cantidad de muertes puede ser mucho más alta. De hecho, el dato oficial se traduciría en una tasa de 100 homicidios causados por fuerzas de seguridad del Estado por cada 100.000 habitantes.
En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y de acuerdo a datos del propio Gobierno venezolano, se documentan que durante los primeros cinco meses de 2019 se registró la muerte de al menos 1.560 personas en el país atribuidas a abusos de las fuerzas de seguridad.
El informe resalta que para 2018, “el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría”, mientras que las cifras de las organizaciones no gubernamentales registraban más de 7 mil muertes violentas en esta categoría. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, “existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular por el comando policial de las FAES”.
De acuerdo a la política gubernamental, estas operaciones de fuerzas de seguridad están justificadas en la necesidad de disminuir la delincuencia en el país, y en particular, las tasas por el delito de homicidio. Sin embargo, las muertes violentas en el país siguen incrementándose.
Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio de las Naciones Unidas, Venezuela fue en 2017 el país de Sudamérica con los niveles más altos de muertes violentas, al registrar 56,8 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, una tasa 16 veces superior a la del país de América con la tasa más baja (Chile, 3,5 homicidios por cada 100.000 habitantes).
Particularmente en el Zulia, desde 2018 se desarrolló una política que siguió la estructura y el discurso de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Es decir, con justificación en las graves circunstancias de inseguridad ciudadana, se tomaron acciones consistentes en allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Codhez reitera que el Estado venezolano debe dar cumplimiento a sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tomando en consideración el establecimiento de la Misión de Determinación de Hechos por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se debe realizar una investigación a fondo de los homicidios cometidos por funcionarios en el curso de operaciones de seguridad, que siguen incrementándose en el Zulia.
En este sentido, Codhez exhorta que se deben cumplir las recomendaciones de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos relativas al cese y prevención de los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado, la disolución de las FAES y el castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
