‘Cuerpos vilipendiados’ expone la violencia basada en género y las condiciones de salud sexual y reproductiva de las mujeres en Maracaibo
Aunque la violencia de género es un problema global, en Venezuela, el alcance de este flagelo atraviesa la cotidianidad de las mujeres y niñas, quienes batallan con un entramado de formas de sometimiento, marcado por la carga del cuidado familiar, la negación del placer y la autorealización, las heridas de las crianzas violentas y, en general, con el sexismo que permea todas las relaciones sociales. Así lo concluye el informe “Cuerpos Vilipendiados”, publicado por La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Mulier y Proyecto Mujeres.
La investigación, basada en entrevistas a mujeres que habitan en comunidades vulnerables de Maracaibo, resalta cómo las condiciones de violencia estructural convergen con la emergencia humanitaria compleja (EHC) y los efectos de la pandemia de COVID-19, dibujando un panorama especialmente crítico para las mujeres y niñas.
Las organizaciones de derechos humanos hacen hincapié en la falta de políticas públicas del Estado venezolano para atender a las necesidades de las mujeres y niñas ante la crisis y la violencia de género. Por ello, resaltaron la importancia de que las agencias de la ONU, encargadas de la respuesta humanitaria, consideren la particular vulnerabilidad de las regiones, donde la crisis de servicios públicos y la falta de gestión gubernamental se ensaña de forma particular contra las mujeres.
Las adolescentes no cuentan con redes de apoyo que las protejan de la violencia
Durante la investigación, las organizaciones zulianas encontraron un patrón que apunta a las crianzas violentas y autoritarias como un factor de riesgo frente a las violencias de género; debido a que, en un intento por escapar de los abusos y malos tratos de madres, padres y/o cuidadores, las niñas y adolescentes se involucran en relaciones de noviazgo y conyugales que terminan reproduciendo nuevos ciclos de violencia.
“Lo más difícil para las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes cuya relación con madres, padres y/o cuidadoras está fracturada o incluso rota, es que, una vez inmersas en el ciclo de violencia conyugal, no cuentan con una red de apoyo ni con la independencia económica para escapar y lograr autonomía por sus propios medios”, expone el estudio.
Las necesidades de las mujeres y niñas, las últimas en la lista de prioridades
En paralelo, el contexto de la EHC y la pandemia de COVID-19 han ensanchado las brechas de desigualdad en salud, en tanto las mujeres de bajos recursos e integrantes de colectivos y territorios vulnerables enfrentan más obstáculos para acceder a servicios relacionados a la salud.
“Esas condiciones se intersectan además con situaciones de violencia de género y con cargas estereotipadas (como la doble jornada laboral o la ética del autodescuido), que se convierten en otro factor de riesgo importante para la salud física y mental de las mujeres”, detallan las organizaciones.
“Los eventos inesperados, como diagnósticos o síntomas que amenazan su calidad de vida, representan otro elemento estresor acumulado en la vida de estas mujeres que, en un número significativo de casos, afirmaron que tienden a descuidar los tratamientos, o sencillamente a no tratarse debido a factores diversos, desde darle prioridad a la alimentación del hogar, hasta la desesperanza (indicador asociado a la depresión)”, indica el informe.
En el ámbito doméstico, la mayoría de las participantes de este estudio sigue arraigada a roles de género orientados a patrones de cuidado y protección de la familia. “Pierden autonomía porque se sienten llamadas a cuidar de otros para darle sentido e importancia a sus vidas”, apunta el informe. Entre las participantes de este estudio persiste una creencia generalizada de asociar la condición de género de las mujeres con una inclinación natural a hacer sacrificios personales con tal de garantizar el bienestar o cuidado vital de otros.
“Él me dijo: ‘si no me dais un hijo, te dejo’”
Las experiencias recopiladas en el estudio revelan que las mujeres empiezan a ejercer su sexualidad desde muy temprano en la adolescencia, bajo un desconocimiento pleno de sus cuerpos, en relaciones donde se manifiestan drásticas desigualdades de poder, especialmente al involucrarse con adultos y debido a sus propias condiciones de vulnerabilidad individuales y estructurales.
“Tuve a mi hija de 18 años y allí me cuide pues, me cuide para no tener hijos hasta que él se dio cuenta que yo tomaba anticonceptivos escondida (…) y él dijo: ‘Si no me dais un hijo, te dejo’. Pero como uno es así cuando está enamorado, le da una el hijo para que no se vaya del lado de uno”, expresa uno de los testimonios.
Con respecto al acceso a atención, servicios e insumos para la salud sexual y reproductiva, para la mayoría de las entrevistadas, la atención ginecológica está fuera de su alcance ya que los hospitales y centros de salud públicos a los que tienen acceso no cuentan con el personal y ni los recursos necesarios para prestar este servicio. Por otra parte, a los centros de salud privados, que sí cuentan con condiciones más óptimas, tampoco pueden acceder, debido a los altos costos de los servicios.
Las únicas participantes que afirmaron haber recibido algún tipo de servicio ginecológico o de planificación familiar en el último año fueron atendidas por organizaciones de la sociedad civil humanitarias como Azul Positivo. Lo expuesto por las entrevistadas también reflejó las limitaciones para el acceso a esos métodos anticonceptivos, especialmente los de tipo hormonal y de larga duración, los cuales han experimentado un aumento de precios exponencial en los últimos años.
Obstáculos en el acceso a la justicia
Del trabajo directo con las sobrevivientes de violencia en el Zulia realizado por la organización Mulier durante 2020, se documentaron datos que revelan que 50% de las mujeres atendidas son violentadas por sus parejas, mientras que en 11% de los casos, los agresores poseen o tienen acceso a armas de fuego, lo que puede estar relacionado con su pertenencia a cuerpos de seguridad del estado o similares.
Asimismo, 69% de las mujeres atendidas no ha denunciado la violencia de la que han sido objeto, y solo 31% de los casos han sido presentados ante la justicia a través de la denuncia correspondiente. De los casos denunciados, resulta alarmante que solo 16% de ellos ha sido tramitado hasta la finalización del procedimiento, quedando un 84% de casos aún en proceso, con dilaciones indebidas, agotando y desgastando a las víctimas que intentan dar seguimiento a sus denuncias, y que acuden a los órganos de justicia buscando ayuda y protección, siendo imposible determinar cuántos de ellos obtendrán un acto conclusivo y la justicia esperada.
El estado actual de la economía en el país implica para las denunciantes una exigencia de aproximadamente USD 30 para copias del expediente, y USD 30 para notificar, además de asumir el costo de hojas, impresiones y demás gastos relacionados al proceso legal que, en muchos casos, son insostenibles en un país donde el ingreso mínimo es equivalente a USD 3.
Derechos impostergables
Codhez, Mulier y Proyecto Mujeres exhortan al Estado venezolano a respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos que implican reconocerlas como ciudadanas plenas y no como seres que existen solo con fines reproductivos. Además, instan a garantizarles la justicia gratuita, accesible, imparcial e idónea que promete la Constitución para incentivar la denuncia sin que las mujeres teman que el trámite judicial signifique un proceso de revictimización.
Por ello, ambas exigencias deben ir encaminadas en desarrollar políticas públicas para la atención de la violencia basada en género que involucren y comprometan a todos los actores que intervienen en los procesos de prevención, atención, persecución penal y reparación de la violencia machista.
