Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU alertan sobre criminalización, ataques, hostigamientos y amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela
Este miércoles, 29 de septiembre de 2021, los mandatos de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, emitieron un comunicado en el que manifiestan la preocupación sobre la criminalización de la legítima labor de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, que comprende detenciones arbitrarias, hostigamientos y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de #DDHH, @MaryLawlorhrds, manifiesta su preocupación por el uso de legislación antiterrorista para criminalizar la labor de personas defensoras en Venezuela.
Esto incluye detenciones, hostigamientos y tratos crueles. ⬇️ https://t.co/wsbGoKJH5o
— Codhez (@Codhez) September 29, 2021
Antecedentes
El 27 de julio de 2021, escribí una comunicación al gobierno de Venezuela sobre la criminalización, ataques, hostigamientos y amenazas en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos Orlando Moreno, Gerardo Ernesto Carrero Delgado, Javier Tarazona, Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, Guillermo Zárraga, Eudis Girot y Karen Caruci, quien también habría sido objeto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El señor Orlando Moreno es defensor de derechos humanos, activista medioambiental y coordinador estatal de la ONG Foro Penal en Delta Amacuro, Venezuela. Foro Penal se dedica a brindar servicios pro-bono y asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente. El señor Moreno ha trabajado en esta organización por más de siete años y ha realizado entrevistas y publicado reportes -tanto a nivel nacional como internacional- sobre la situación actual de naufragios y presunto tráfico de personas en la ruta entre el estado Delta Amacuro y la isla de Trinidad.
La señora Karen Caruci es abogada defensora de derechos humanos y ha trabajado en la representación de víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado. Además, la defensora trabajó en la Comunidad de Valles Verdes, realizando actividades de capacitación sobre violencia contra la mujer y brindando asistencia a líderes institucionales en temas relacionados con las fuerzas de seguridad. También ha trabajado para el grupo El Frío, una organización de base comunitaria que tiene como objetivo asistir a las familias de bajos ingresos en la consecución de su derecho a una vivienda adecuada y proporcionar asesoramiento en temas como la violencia de género, la criminalización de los jóvenes por las fuerzas de seguridad, entre otras áreas. También trabajó en la oficina de UNAMUJER y en la Federación Nacional de Derechos Humanos, asesorando jurídicamente a las víctimas y acompañándolas a presentar denuncias formales ante instituciones y tribunales locales.
El señor Gerardo Ernesto Carrero Delgado es un defensor de derechos humanos y reconocido líder estudiantil. Es presidente de la Organización Nacional de Jóvenes Venezolanos, dedicada al activismo en derechos humanos y democracia. Estuvo detenido en 2014 por aproximadamente tres años por su participación en una protesta sobre la liberación de personas miembros de la oposición.
El señor Javier Tarazona es defensor de derechos humanos y es director general de FundaRedes. A través de esta organización ha denunciado la supuesta presencia y actuación de grupos armados irregulares provenientes de Colombia en territorio venezolano, quienes habrían estado involucrados en violaciones a derechos humanos en Venezuela y que sus casos se mantienen en impunidad. El señor Tarazona también ha denunciado el acoso en los medios de comunicación por parte de las autoridades y otras personas a través de redes sociales y radiodifusión.
El señor Rodney Antonio Álvarez Rodríguez es integrante del sindicato de trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco, estado de Bolívar. El defensor trabaja en la denuncia de violaciones a derechos humanos de los trabajadores y de las irregularidades en las empresas mineras como el patrón sistemático de persecución en contra de dirigentes sindicales.
El señor Guillermo Zárraga es director del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón. El defensor trabaja en la denuncia de violaciones a derechos humanos de los trabajadores y de las irregularidades en las empresas petroleras como el patrón sistemático de persecución en contra de dirigentes sindicales.
El señor Eudis Girot es secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Empleados del Estado Anzoátegui. El defensor trabaja en la denuncia de violaciones a derechos humanos de los trabajadores y de las irregularidades en las empresas petroleras como el patrón sistemático de persecución de dirigentes sindicales. El señor Girot habría denunciado durante mucho tiempo numerosas irregularidades en PDVSA, como el posible derrame de petrolero en el mar, el contrabando de petróleo y la supresión del seguro de los trabajadores petroleros.
Alegaciones
Ataques contra personas defensoras de derechos humanos
Desde inicios de 2020, en el marco de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se habrían registrado aumento de ataques o incidentes de seguridad contra el trabajo de personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estos hechos incluirían actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, allanamientos arbitrarios, confiscación de equipos e insumos, congelamiento de cuentas bancarias, presuntas detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, criminalización de la cooperación internacional, represalias por denuncias ante organismos internacionales, ataques digitales y restricciones legales a la libertad de asociación.
En diciembre de 2020, integrantes de la organización Convite reportaron la confiscación de equipos y documentos por parte de las FAES (VEN 1/2021). En enero de 2021, miembros de la organización Azul Positivo fueron detenidos arbitrariamente durante un mes y los equipos de la organización fueron decomisados (VEN 1/2021).
Lo anterior ha sido objeto de comunicaciones anteriores enviadas al Gobierno venezolano de fecha: 27 de abril de 2021 (VEN 4/2021), 11 de febrero de 2021 (VEN 1/2021), 14 de abril de 2020 (VEN 4/2020), 27 de abril de 2020 (VEN 5/2020) y 9 de noviembre de 2020 (VEN 10/2020). Agradecemos al Gobierno de su Excelencia por la repuesta sustantiva a las comunicaciones VEN 1/2021, VEN 4/2020 y VEN 20/2020. No obstante, hemos recibido nuevas alegaciones detalladas a continuación.
Sobre las nuevas medidas de registro para las organizaciones de la sociedad civil
El Gobierno habría implementado nuevas medidas, que incluyen requisitos oficiales y obligatorios de registro para las organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2020, el gobierno emitió una orden que obliga a organizaciones no gubernamentales domiciliadas en el extranjero a solicitar una certificación a través de un registro en línea para poder operar en la República Bolivariana de Venezuela. Si bien este registro tiene el objetivo de facilitar el trabajo de las ONGs en el país, este puede ser denegado por motivos de “orden público y soberanía” y excluye a las ONGs que no forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria. La Superintendencia de Bancos también habría emitido una orden que permite la supervisión de las operaciones bancarias de las organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, la providencia No- 001-2021, de 30 de marzo, requeriría a las organizaciones de la sociedad civil inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta providencia obligaría a las organizaciones de la sociedad civil a registrarse y a proveer información sobre sus donantes, colaboradores, beneficiarios y operaciones, bajo posible sanción por incumplimiento.
Estos requisitos se habrían enmendado el 3 de mayo de 2021 por la providencia 002-2021, actualmente vigente, que eliminaría el requisito de presentación de la lista de beneficiarios, el tiempo prestablecido para el registro y las sanciones sobre incumplimiento. Sin embargo, se mantiene el requisito de registro frente a las autoridades de la Oficina Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la presentación de información exhaustiva sobre el funcionamiento de la organización para obtener un certificado anual que faculta a la organización para ejercer sus funciones legalmente en el país. La providencia también autorizaría las autoridades a realizar inspecciones en las sedes para revisar la información recibida, sin establecer límites en cuanto a su alcance y duración.
Organizaciones de la sociedad civil han reportado desafíos concretos para realizar sus actividades debido a los registros existentes. Por ejemplo, el director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, habría enfrentado dificultades para poder firmar la poliza de seguro del personal de su organización. Según le habrían informado, esto estaría vinculado a los requisitos de la reciente providencia 002/2021.
Además, existe una iniciativa en curso denominada el “Proyecto de Ley de Cooperación Internacional”. Aunque el texto oficial de este Proyecto no habría sido compartido con miembros de la sociedad civil, con base en proyectos similares del pasado y de acuerdo con la información recibida, se estima que este proyecto de Ley podría exigir a las ONGs la inscripción en un registro especial e imponer la obligación de proporcionar información sobre sus actividades y sobre la procedencia, administración y destino de los fondos que reciben. Además, contemplaría la posibilidad de cerrar organizaciones de la sociedad civil en algunos supuestos. El Proyecto ya habría sido aprobado por una comisión interna de la Asamblea Nacional y se estima que pronto pasaría a primera discusión en este órgano.
Caso del defensor Orlando Moreno
El 25 de abril de 2021, aproximadamente a las 12:30, el señor Orlando Moreno habría sido detenido arbitrariamente, mediante el uso excesivo de la fuerza, por las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Al momento de la detención, los funcionarios no habrían presentado orden de detención o arresto. La detención se dio en el marco del acompañamiento y documentación sobre el naufragio de una embarcación dirigida a Trinidad y Tobago, en el que murieron al menos tres personas venezolanas. La Gobernadora del Delta Amacuro habría declarado públicamente que la detención del defensor habría sido en flagrancia y estaría relacionada con el esparcimiento de discursos de odio en contra del gobierno.
El 28 de abril de 2021, el señor Orlando Moreno habría sido acusado por los delitos de “incitación al odio”, “injuria a funcionario”, “lesiones genéricas” y “resistencia a la autoridad”. El 30 de abril de 2021, el Tribunal Segundo de Control de Delta Amacuro habría otorgado la libertad condicional al señor Moreno, bajo medidas cautelares, en la cual se habría ordenado al señor Moreno presentarse ante el tribunal cada 15 días y la prohibición de realizar actividades de “incitación al odio”. Hasta el momento, no se ha llevado a cabo la audiencia.
Caso de la defensora Karen Caruci
Entre el 16 y el 17 de diciembre de 2020, la señora Karen Caruci habría sido víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de siete funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del comando policial de Valle Hondo, estado Lara, y otros agentes del CICPC.
Los policías habrían entrado en la casa de la señora Caruci, sin orden judicial, y la habrían detenido y atacado verbal y físicamente. Se habría reportado que la señora Caruci fue objeto de amenazas, golpes y maltratos en sus partes íntimas, y sometida a descargas eléctricas. También le habrían robado 500 dólares y otros objetos personales, que nunca fueron devueltos porque no aparecen en el informe policial. Posteriormente, la defensora habría pasado la noche en un árbol fuera de la comisaría y luego habría sido trasladada a una celda del CICPC, donde compartió espacio sólo con hombres. La señora Caruci habría reportado afectaciones a su salud mental posterior al ataque.
El 18 de diciembre la señora Karen Caruci habría sido puesta en libertad porque se habría determinado que la acusación carecía de elementos de convicción. La detención de la defensora estaría relacionada con el trabajo que realiza en la defensa de víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes estatales.
Al respecto, la defensora ha presentado tres denuncias ante: la Fiscalía Superior, la Fiscalía de Derechos Fundamentales y la Inspección de Control de Actuaciones Policiales (ICAP). Sin embargo, no se habrían presentado avances en la investigación y los policías que la habrían agredido siguen trabajando en las mismas instituciones, sin enfrentar ninguna sanción administrativa o legal.
El 29 de abril de 2021, el Tribunal Penal de Primera Instancia le habría otorgado una medida de protección. Sin embargo, la policía del estado Lara no habría acatado esta orden y la señora Caruci seguiría siendo objeto de amenazas y acoso por parte de las autoridades estatales, debido a su trabajo como abogada defensora de derechos humanos.
El caso del defensor Gerardo Carrero
El señor Gerardo Carrero habría sido detenido en el año 2014 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden judicial, tras su participación en protestas en contra del gobierno. Estuvo en prisión por 3 años. Se habría informado que las condiciones de detención eran precarias, debido a la falta de acceso a comida y agua, por las condiciones de confinamiento y ventilación, aislamiento y maltrato psicológico. Por lo anterior, el defensor fue beneficiario de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de marzo de 2015, y el Grupo de Trabajo Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU analizó su caso el 3 de septiembre de 2015.
El 18 de marzo de 2021, en horas de la noche, el señor Gerardo Carrero habría sido detenido por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la PNB en el estacionamiento de su casa en Maracay, estado Aragua. Los funcionarios habrían ingresado al inmueble, sin orden judicial, alegando que estaban facultados para detener a Gerardo Carrero con base en órdenes de aprehensión de 2017 y 2019, las cuales estarían vinculadas a su participación en protestas antigubernamentales en 2014. Además, se habría reportado que los funcionarios se habrían llevado algunas pertenencias, incluidas las llaves de su apartamento.
El señor Carrero fue liberado el 27 de abril de 2021 bajo medidas cautelares con la condición de presentarse ante los tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país. Sin embargo, actualmente se enfrenta a dos procesos judiciales diferentes, uno en la jurisdicción civil, relacionado con un incidente -destrucción de lámparas en una zona común, durante su anterior detención en el SEBIN, y otro en la jurisdicción militar, la cual incluye una orden de detención. Hasta el momento, no se habría informado al señor Carrero sobre los cargos imputados en la jurisdicción militar. Se reportó que los procesos llevados en contra del señor Carrero estarían vinculados con su actividad como defensor de los derechos humanos.
El caso del señor Javier Tarazona
El 29 de marzo de 2020, el señor Javier Tarazona habría sido objeto de vigilancia y hostigamientos por parte del SEBIN, quienes en diversas ocasiones se han apersonado a fuera de la casa del defensor.
El 18 de junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habría otorgado medida cautelar al señor Tarazona tras las constantes amenazas y hostigamientos por parte de fuerzas de seguridad del Estado. El señor Tarazona habría sido objeto de ataques, amenazas a través de redes sociales, fotografías sin su consentimiento y señalamientos por parte de autoridades estatales.
El 1 de julio de 2021, al finalizar las capacitaciones, el SEBIN habría rodeado el hotel en donde se encontraban los miembros del SEBIN. Posterior al arresto, se habría confiscado las pertenencias del equipo de FundaRedes.
El 2 de julio de 2021 el señor Javier Tarazona y otros tres miembros de FundaRedes habrían sido detenidos en la Fiscalía superior de Falcón, de conformidad con una orden judicial emitida por un tribunal de Caracas. El señor Tarazona se habría apersonado a la Fiscalía con el fin de presentar una denuncia por acoso del SEBIN en perjuicio de él y el equipo de FundaRedes. Lo anterior, se habría dado en el marco de las capacitaciones brindadas por FundaRedes a miembros locales de la sociedad civil y la documentación de violaciones a derechos humanos en Coro, estado Falcón.
El 3 de julio de 2021 el señor Javier Tarazona habría sido presentado ante el III Tribunal de Control con competencia en Terrorismo en Caracas. La ONG Foro Penal iba a asumir la defensa de los tres activistas, pero supuestamente fue negada por el tribunal. El Tribunal habría imputado al señor Tarazona y los otros dos miembros de FundaRedes por los delitos de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo y decretó la prisión preventiva.
El 6 de julio, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, habría declarado públicamente que el señor Tarazona fue detenido por no presentar evidencias suficientes sobre el supuesto vínculo existente entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y grupos armados colombianos. El Fiscal habría afirmado que el señor Tarazona tenía como objetivo desestabilizar el país.
El caso del señor Rodney Álvarez
El 9 de junio de 2011 un grupo de personas, presuntamente asociadas con el gobierno, habrían agredido a trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco durante una asamblea general de trabajadores. Como resultado de lo anterior, tres personas habrían resultado heridas y una muerta.
El 17 de junio de 2011, el señor Rodney Álvarez habría sido detenido por el CICPC y acusado por los delitos de “asesinato” y “terrorismo”. Esta detención estaría relacionada con su trabajo como integrante del sindicato de trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco. El 21 de junio de 2011 se habría realizado la audiencia de presentación y posteriormente, el señor Rodney Álvarez habría sido trasladado a la comisaría de Guaiparo en Puerto Ordaz. Allí habría permanecido 19 meses hasta ser trasladado a la cárcel Rodeo II, en Miranda, donde se encuentra desde entonces. Durante la audiencia preliminar se le retiró la imputación del delito de terrorismo.
El 8 de junio de 2021, El señor Álvarez fue condenado a 15 años por el delito de homicidio, tras haber permanecido 10 años en prisión preventiva. Durante su detención, el señor Álvarez habría sido víctima de agresiones y de intentos de homicidio en 2017, 2018 y 2019. Además, no tendría acceso a atención sanitaria adecuada. A raíz de lo anterior, el defensor presentó solicitudes de traslado de Rodeo II a otro centro de detención, pero sus solicitudes habrían sido denegadas. El proceso judicial en su contra estaría apoyado en evidencias poco concretas o incluso contradictorias, que podrían justificar su inocencia en lugar de comprobar su involucramiento en los hechos a los cuales se le acusa de haber cometido.
El caso del señor Guillermo Zárraga
El 14 de noviembre de 2020, en horas de la madrugada, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron al señor Guillermo Zárraga en su domicilio en Santa Ana de Coro, Estado Falcón. Los funcionarios del DGCIM lo habrían detenido sin orden de aprehensión. Luego de su detención se le habrían imputado los delitos de “revelación de información confidencial” y “asociación para delinquir”, en relación con un supuesto atentado contra la refinería de Amuay, denunciado por el ministro de Petróleo Tareck al Aissimi.
El 24 de febrero de 2021, el señor Guillermo Zárraga habría sido trasladado al centro de detención de la DGCIM en Boleita, en Caracas, con el fin de dar inicio a la audiencia preliminar. El 19 de mayo de 2021 habría sido trasladado a la cárcel Rodeo II de Caracas. Desde el momento de su detención, en noviembre, hasta su traslado a Caracas, en febrero, el señor Zárraga estuvo desaparecido. Hasta este momento el juicio en contra del señor Zárraga no ha iniciado.
El caso del defensor Eudis Girot
El 18 de noviembre de 2020 el señor Eudis Girot habría sido detenido en su residencia por efectivos del DGCIM. Hasta el 20 de noviembre de 2020, sus abogados no habrían tenido acceso a su expediente y ni conocerían los hechos que se le imputan.
El 27 de noviembre el defensor habría sido presentado ante el Tribunal Tercero de Control contra el Terrorismo. El señor Girot habría sido acusado por los delitos de “asociación ilícita”, “conspiración” y “revelación de información estratégica del Estado”. El señor Girot habría permanecido en prisión preventiva por seis meses sin audiencia preliminar ni acusación formal definitiva.
El 10 de junio de 2021, el juez del caso declaró que abriría el juicio contra él. Antes de su detención, había denunciado durante mucho tiempo numerosas irregularidades en PDVSA, como el posible derrame de un petrolero en el mar, el contrabando de petróleo y la supresión del seguro de los trabajadores petroleros. Sus declaraciones implicarían directamente a un ex ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de PDVSA, que se presentaría como diputado por el estado de Sucre.
Preocupaciones
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación ante los alegatos relacionados con presuntos ataques, hostigamientos, amenazas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos señaladas en esta comunicación, al igual que las autoridades desacrediten públicamente el trabajo de las ONGs y de los defensores de derechos humanos asociados a ellas. También expresamos preocupación que el uso de la legislación antiterrorista sea utilizado para moderar y criminalizar las actividades, por lo demás legítimas, de defensores de derechos humanos.
Alegaciones como las mencionadas anteriormente podrían tener un efecto disuasivo en la sociedad civil del país. Enfatizamos el deber del Estado de promover y reconocer, así como de proteger y defender los derechos humanos y la importante contribución que las organizaciones de derechos humanos y los/las defensoras que las integran hacen en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
Fuente: UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders
Descarga el informe de las Relatorías Especiales y los Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas
