Misión de Determinación de Hechos: El sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno
Las recurrentes violaciones al debido proceso en Venezuela revelan un sistema de justicia carente de independencia, que ha perpetuado las graves violaciones de los derechos humanos contra opositoras y opositores al gobierno, según señala un nuevo informe de las Naciones Unidas publicado hoy.
En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014.
La Misión basó sus determinaciones en 177 entrevistas –muchas de ellas con actores del sistema de justicia– así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos, y en un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales.”
"El uso excesivo de la detención preventiva se ve agravada por la tardanza o falta de ordenes de liberación por parte de los jueces… La mayoría de los detenidos fueron por ejercer sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica", Michael Cox pic.twitter.com/9CbO9yVpeZ
— Codhez (@Codhez) September 16, 2021
Se ha perpetuado la impunidad
En los últimos años, funcionarias y funcionarios públicos, incluso algunos de alto nivel, en Venezuela han podido cometer violaciones de derechos humanos y crímenes con impunidad. El Estado venezolano está constitucionalmente obligado a investigar y castigar a todos los y las autores de violaciones de derechos humanos, independientemente de su posición. Sin embargo, la investigación de la Misión encontró que este deber se está incumpliendo en los casos que involucran a opositoras y opositores reales o percibidos por el gobierno como tales.
Entre los casos que la Misión revisó se encuentran los que documentó en 2020 que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales. No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que haya investigado desde entonces.
Entre estos casos, se encuentran los destacados recientemente por las autoridades venezolanas para demostrar avances positivos dentro del sistema judicial: Fernando Albán era un líder de la oposición que murió tras haber caído al vacío desde el décimo piso mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2015; Rafael Acosta Arévalo era un oficial militar que se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de haber sido torturado en 2018; y Juan Pablo Pernalete era un estudiante que murió después de que una granada de gas lacrimógeno golpeara su pecho a corta distancia durante una manifestación en Caracas en 2017.
La Misión estima que las acusaciones presentadas recientemente en estos casos tienen un alcance muy limitado y/o se centran en aislar a los autores de bajo nivel, en lugar de asegurar la rendición de cuentas entre personas de mayor rango en la cadena de mando.
“La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores y opositoras del gobierno no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables”, dijo Francisco Cox Vial, miembro de la Misión.
“La contribución del sistema de justicia a la crisis de derechos humanos de Venezuela no puede menospreciarse. Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber eregido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos.”
Irregularidades procesales
Los jueces y las juezas ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional. En ocasiones, juezas, jueces y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona. En algunos casos, jueces y juezas dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley. Las y los fiscales presentaron evidencia contaminada por la tortura la que a su vez fue admitida por jueces y juezas como prueba contra las personas acusadas.
En algunos de los casos examinados, los jueces y las juezas tampoco protegieron a las víctimas de la tortura al ordenar que regresaran a los lugares de detención donde supuestamente se había producido la tortura. Ello a pesar de haber oído a las víctimas –que a veces presentaban lesiones visibles compatibles con la tortura– hacer la denuncia ante el tribunal. Las largas demoras procesales negaron a las personas acusadas la oportunidad de impugnar las pruebas en su contra dentro de un plazo razonable.
La Misión documentó 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongó la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas.
A varias personas detenidas se les aplazó la audiencia preliminar más de 20 veces, y algunos estuvieron en prisión preventiva hasta por cuatro años, el doble del límite legal. Las abogadas y los abogados defensores enfrentaron habitualmente obstáculos y acoso y las personas acusadas son presionadas para aceptar una defensa pública, en lugar de una de su elección.
“Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas –incluso en la salud física y mental –de las víctimas y sus familias,” afirmó Marta Valiñas.
Independencia del sistema de justicia
La Misión encontró motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia.
Desde la adopción de la Constitución venezolana en 1999, al menos una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema de justicia. Mientras tanto, se ha producido un marcado deterioro de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia, el órgano con poder para seleccionar y destituir a los jueces y las juezas. El nombramiento de jueces y juezas provisionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en contraposición a jueces y juezas de carrera, le ha permitido efectuar nombramientos y destituciones sobre la base de consideraciones personales o políticas inapropiadas.
Fuentes del Poder Judicial informaron que los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. Las juezas y los jueces que no han cedido a las presiones políticas han sido perseguidos, denigrados e intimidados; un ejemplo destacado fue la detención y el procesamiento de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009.
Esto ha dado lugar a un clima de miedo. Casi la mitad de los ex jueces, juezas y fiscales entrevistados, junto con muchos de sus familiares, han tenido que abandonar Venezuela temiendo por su seguridad; muchos otros se negaron a hablar con la Misión por temor a represalias. Las y los fiscales también se han vuelto vulnerables.
En 2018, el actual Fiscal General eliminó el proceso de selección por concurso público de fiscales y declaró que todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público ocupan “cargos de confianza”, por lo que sus nombramientos y destituciones son discrecionales. Fuentes con conocimiento directo dijeron a la Misión que el ingreso depende en gran medida de factores personales o políticos partidistas. Según un exjuez, el sistema de justicia “no es ni la sombra de lo que era hace apenas 15 años”.
“En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad. Algunos jueces, juezas y fiscales han negado los derechos de opositoras y opositores reales o percibidos como tales por el gobierno,” dijo Francisco Cox Vial.
“El sistema de justicia de Venezuela necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
