Se agudiza el deterioro de los derechos a la salud y la vida para las personas con enfermedad renal crónica en Venezuela
Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA) publicaron el Informe sobre la privación de los derechos a la salud y la vida de personas con enfermedad renal crónica en Venezuela en el contexto de Covid-19, que abarca los meses de diciembre de 2019 y junio de 2021 y en el que actualizaron las documentaciones de las violaciones de los derechos a la salud y la vida de las personas con enfermedad renal crónica en el país, entre las que se encuentran las personas trasplantadas y las personas que requieren diálisis.
El informe expone el pronunciado y masivo deterioro de los derechos a la salud y la vida de estas personas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que azota el país desde 2015.
De acuerdo con el estudio, este deterioro está relacionado con violaciones en las que ha incurrido el Estado venezolano como consecuencia de haber permitido el colapso del sistema sanitario público, a lo cual se sumaron las medidas estatales tomadas por razones de salud pública para frenar la propagación de la Covid-19 a partir de marzo de 2020, incluyendo la discriminación y discrecionalidad con la que han sido implementadas, poniendo en riesgo y causando en muchas ocasiones la muerte evitable de esta población vulnerable.
Entre las diversas restricciones que enfrentan las personas con enfermedad renal crónica para acceder a servicios sanitarios, destacan las fallas o la ausencia de los servicios públicos, la escasez de combustible y el desmantelamiento del institucional y el deterioro de las capacidades del país para proporcionar bienes y servicios sanitarios esenciales en todo el territorio nacional.
En este sentido, las personas con condiciones crónicas, incluyendo aquellas con insuficiencia renal, uno de los grupos más vulnerables, viven la agonía de no saber si podrán cumplir su protocolo médico (hemodiálisis y diálisis peritoneal) oportunamente y por el tiempo estipulado internacionalmente (cuatro horas).
En este contexto, el informe destaca que extraoficialmente, funcionarios del IVSS informaron a CODEVIDA que hasta junio de 2020 el organismo público tenía en sus bases de datos a 6.800 personas en tratamiento de hemodiálisis y 200 en diálisis peritoneal. Esa misma fuente destacó que para abril de 2021, la cantidad de personas en hemodiálisis habían disminuido a 1.500, una variación de 5.300 personas en menos de un año, que podrían haber fallecido.
En el caso de las 2.698 personas trasplantadas que se tiene registro en Venezuela, desde 2017 hasta la fecha al menos 209 han presentado rechazo agudo de su órgano trasplantado (7%) por la escasez permanente de inmunosupresores, muchos de ellos se han visto en la necesidad de regresar a la terapia de hemodiálisis, mientras que 99 han fallecido (3,6%) por la ausencia del tratamiento y fallas en el servicio de atención pública, de forma oportuna y periódica. Todas estas muertes habrían sido evitables si estas personas hubiesen contado con una atención sanitaria oportuna y un ciclo de medicamentos completo para proteger a suinjerto.
Ante esto, ATV y CODEVIDA realizaron recomendaciones para garantizar los derechos de las personas con problemas renales, entre las que se incluyen: eliminar las políticas, normas, programas y servicios que apliquen criterios o decisiones de racionamiento en la distribución de los inmunosupresores o kits de dializadores; revocar las medidas de suspensión del programa de procura de órganos para trasplantes de donantes cadáveres y asegurar las medicinas, insumos, materiales y servicios para continuar la realización de trasplantes en Venezuela.
También reparar y poner en funcionamiento todas las máquinas de riñón artificial y plantas de ósmosis en todos los estados del país, garantizando pago a prestadores y suministro regular de servicios básicos en las unidades de diálisis; establecer un protocolo de mantenimiento de las plantas de ósmosis que se encuentran en las unidades de diálisis para que las personas en tratamiento puedan recibirlo con calidad de agua, evitando infecciones, bacterias y otros efectos adversos a su condición de salud; asignar presupuestos públicos suficientes, regulares y de forma transparente para la atención a la salud de las personas con problemas renales, trasplantadas y con otras condiciones de salud crónicas,.
