La desatención estatal priva a los zulianos del goce pleno de sus derechos a la educación y a la salud

En el Boletín sobre la Situación General de los Derechos Humanos en el Zulia, relativo al derecho a la salud y al derecho a la educación, publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), se destacan las reiteradas limitaciones para el acceso a estos derechos por parte de la población zuliana.

En general, a través de este estudio se evidencia la desidia y desatención estatal como componentes diarios que obstaculizan las condiciones necesarias para contar con un sistema de salud público que satisfaga las necesidades sanitarias, así como el impedimento para acceder a un aparato educativo que garantice la adquisición de competencias cognitivas y ciudadanas imprescindibles para el desarrollo del ser humano.

Salud en emergencia

Para Codhez, no solo la salud física de los zulianos está desatendida, sino también la salud mental, la cual “está siendo afectada de manera preocupante, siendo el estrés, la ansiedad y la depresión los síntomas más comunes”, señala el boletín de Codhez.

En este sentido, se precisa que, de acuerdo con un reciente estudio publicado por la Fundación Rehabilitarte, en promedio, 6 de cada 10 personas entrevistadas reportaron síntomas de ansiedad mediante cuadros de excitación, ataques de pánico, tensión muscular y miedo. Entre tanto, los precios de los medicamentos psiquiátricos resultan sumamente costosos e inaccesibles para la mayoría.

Por otra parte, la infraestructura hospitalaria y la falta de acceso a sus servicios genera grandes malestares entre la población. Codhez indica que el Hospital Universitario de Maracaibo sigue arrastrando sus perennes males. “Los más afectados siguen siendo las personas con enfermedades crónicas, como las personas con enfermedad renal”, denuncia la asociación civil.

Asimismo, data que en 2021 se documentó el fallecimiento de unas 29 personas con este padecimiento que asistían a este centro de salud, y además seis personas con esta patología terminaron en sillas de ruedas por tener que subir y bajar nueve pisos hasta y desde la unidad de tratamiento renal. “Esta situación se debe a la falta de ascensores que tienen más de dos años sin funcionar”, evidenció Codhez.

Cabe destacar que, en centros como el Hospital Chiquinquirá, en Maracaibo, y en el Hospital de Santa Bárbara del Zulia, en el Sur del Lago, las condiciones de insalubridad y escasez de equipos médicos se acentuaron desde la pandemia y se mantienen vigentes.

Por su parte, los habitantes del municipio Guajira carecen de todo tipo de atención, debido a que la salud no es una prioridad para sus gobernantes y la violación generalizada de los derechos humanos atentan contra la vida y cosmovisión de este municipio indígena. Como ejemplo, Codhez menciona que para febrero en el Hospital II Binacional Dr. José Leonardo Fernández de Paraguaipoa (con capacidad para atender a 35.000 personas) se sufría de constantes fallas eléctricas que impedían su funcionamiento, con apagones que podían extenderse hasta por tres días continuos, por lo que no se podía atender casos como partos o heridos ante la falta de lámparas de emergencia.

Además, Codhez reportó en este boletín que en toda Venezuela para el año 2021 hubo 600 casos de amenazas y coacción contra trabajadores sanitarios para que renunciaran a sus puestos por denunciar la situación de los centros hospitalarios del país, sumado a las precarias condiciones laborales que este personal debe soportar.

Por último, en cuanto a la pandemia, el estado Zulia contaba con 192 puntos de vacunación distribuidos en sus 21 municipios. Pese a ello, la etnia yukpa, que habita territorios de la Sierra de Perijá, al oeste del estado Zulia en la frontera con Colombia, se ha visto afectada por enfermedades como la malaria, la hepatitis, la tuberculosis, la leishmaniasis y la COVID-19.

“Después de casi dos años de haberse decretado la pandemia, y después de casi un año de haber comenzado la inmunización de la población, estos pueblos todavía no han recibido la vacuna”, puntualiza la organización zuliana.

Educación con pupitres vacíos

“La deserción docente y estudiantil sigue verificándose en el transcurso de este año 2022”, documenta Codhez en su boletín publicado en septiembre, pues argumenta que distintas instituciones de la región zuliana reportaron la pérdida de hasta un 30% de su personal por los bajos salarios y la insuficiencia de ingresos para subsistir. En este contexto, el estado Zulia se ubica como uno de los estados que presenta mayor riesgo de deserción estudiantil.

También la infraestructura escolar interfiere en la calidad educativa del país, de acuerdo con Codhez, debido a que se encuentra en ruinas y la gran mayoría no cuenta con servicios básicos como la electricidad y el servicio de internet, además de la ausencia del Programa de Alimentación Escolar.

Esta situación se evidencia con mayor ahínco en el municipio Guajira, puesto que en el eje foráneo de Sinamaica hay siete escuelas de educación básica y todas están en estado de abandono. “Normalmente, los niños van a la escuela a pie por la falta de transporte público, se trata de recorridos de una hora de ida y una hora de regreso. En las escuelas no hay electricidad y, por lo tanto, la educación virtual es inexistente”, corroboró el estudio.

Sumado a esto, la pandemia empeoró el panorama educativo en este municipio. Los niños llegan a clases descalzos o con los zapatos rotos tras recorrer amplios trayectos hacia las escuelas ante la dificultad para trasladarse haciendo uso del transporte público. En este sentido, el ausentismo escolar es de un 50%, situación que cambia cuando hay algo de comida en la escuela, puesto que muchas veces en los hogares no hay alimentos y las familias encuentran alivio en los programas de alimentación escolar para ofrecer el sustento a niños, niñas y adolescentes.

Reivindicaciones urgentes

Ante lo expuesto, Codhez señala el Estado venezolano debe atender e implementar medidas y políticas públicas de gran alcance y repercusión para asegurar una prestación adecuada de los servicios de salud pública a la población zuliana, como parte fundamental de la garantía de su derecho a la vida, y asegura que “la situación de la crisis del derecho a la salud y del sistema público de salud es dramático y empeora día a día”.

Además, la asociación civil destaca que es necesario y urgente exigir al Estado venezolano que asuma su responsabilidad como garante del derecho a la educación, “sin partidismo ni politiquería, sino con una visión de dignificación de la persona”, en donde el desarrollo intelectual, emocional y ético sean los protagonistas”. En este sentido, Codhez asevera que lo contrario a estas garantías es propiciar el aumento de las vulnerabilidades de miles de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación y, por consiguiente, al progreso de su vida y la de sus familias.

Consulta el Boletín Septiembre de 2022