Urge el respeto a la cultura y tradición de las comunidades indígenas yukpa en el Zulia
Desde el pasado 12 de junio, un grupo de indígenas zulianos del pueblo yukpa, oriundos de la Sierra de Perijá, en el occidente del estado Zulia, se vieron afectados por la vulneración a su derecho humano al libre tránsito cuando se disponían a atravesar el Puente General Rafael Urdaneta con la finalidad de transportar la artesanía que producen para su sostenimiento económico.
El grupo de yukpas, conformado por hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, comentaron que emprendieron rumbo hacia Caracas para vender una carga de 25.000 piezas artesanales –entre sombreros, cestas y collares–, debido a que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas habría informado que no adquirirían más esta mercancía, que representa una importante fuente de ingresos económicos para muchas familias.
Cronología de los hechos
Los afectados informaron que, desde su partida desde la Sierra de Perijá, se encontraron con los primeros impedimentos para su libre circulación debido a que, en una alcabala ubicada en la vía hacia Perijá, cuerpos de seguridad intentaron obstaculizar el paso. A pesar de ello, lograron continuar con rumbo hacia el puente sobre el Lago de Maracaibo, donde las fuerzas de seguridad se rehusaron a garantizar su paso “por órdenes del Ministerio de Pueblos Indígenas”, aseguraron representantes de la etnia zuliana.
En respuesta, los yukpas se asentaron en la zona para exigir que se les concediera el paso para continuar con su ruta. Esta situación derivó en actos de represión y violencia por parte de las fuerzas policiales, resultando golpeadas ocho mujeres y tres hombres yukpa, quienes presentaron moretones en ojos, lesiones en labios y golpes en diversas partes del cuerpo. Incluso, una mujer embarazada perdió a su bebé producto de los hechos de violencia.
En medio de esta situación se produjeron detenciones arbitrarias, resultando siete personas detenidas, de las cuales solo tres fueron presentadas ante el Ministerio Público: Zenaida Romero Martínez –hija del Cacique Sabino Romero–, Alfonso Romero Ramos, de la comunidad Akgrakamo, y Francisco Romero Gutiérrez, de la comunidad de Kampa, sector Cuenca del Río Yaza. En este sentido, para efectuar su excarcelación se ha pedido a la defensa presentar fiadores ante el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Por otra parte, los yukpas afectados denunciaron que les fue decomisada la mercancía artesanal que se disponían a trasladar hacia la capital del país y actualmente desconocen su paradero, por lo que consignaron ante el Ministerio Público un inventario de la carga que distribuían en varios vehículos, exigiendo información sobre esta.
Derechos humanos vulnerados
De acuerdo con el desarrollo de los hechos, Codhez advierte que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito, que se encuentra reconocido en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya letra expone que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional”.
Aunado a ello, se resalta que, “todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”, derecho previsto en el artículo 112 del texto constitucional venezolano. Además, es importante destacar que la protección de la artesanía e industrias populares es una obligación del Estado venezolano, como se subraya en el artículo 309 de la Constitución nacional, esto con el fin de preservar su autenticidad.
En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Constitución, en el que se designa la función del Estado venezolano en el fomento de la valoración y difusión de tales manifestaciones culturales.
Dignidad, respeto y conciliación
Es por esto que Codhez destaca que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado debe fomentar y garantizar, por lo que hace un exhorto a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades constitucionales, promoviendo un trato digno y conciliador necesario para la resolución de conflictos, así como priorizando el respeto y la garantía de los derechos humanos de los indígenas yukpa.
De igual manera, la asociación civil exige la liberación inmediata de los tres representantes de la comunidad yukpa injustamente detenidos, así como la garantía del acceso a la justicia y el debido proceso. Igualmente, insta al Ministerio Público a abrir una investigación sobre las lesiones causadas a las mujeres y hombres yukpa afectados por los hechos de violencia policial.
