Condenados a 24 años de cárcel ocho ex funcionarios de la PNB por violación y trato cruel contra un joven detenido en las manifestaciones de 2017

El Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia condenó en la noche de este martes, 11 de mayo, a ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por los delitos de violación y trato cruel en contra de un joven zuliano, detenido arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas en 2017.

Los exfuncionarios fueron condenados a 24 años y tres meses de cárcel por estos delitos. No obstante, en criterio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), representante de la víctima, los hechos calificaban de tortura. Este alegato fue desestimado tanto por el Ministerio Público como por el tribunal.

Este juicio concluye luego de más de tres años en espera y múltiples diferimientos de la audiencia. En 2018, la audiencia preliminar fue diferida seis veces, y en 2019 se contabilizó una docena de diferimientos. Para el año 2020 persistió el retardo procesal, agravado por el contexto de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en diciembre, se ordenó la continuación del juicio para enero de 2021.

Así, fueron condenados diez oficiales adscritos a la PNB. Siete de ellos se mantendrán detenidos en el comando de la PNB ubicado en el municipio San Francisco: Alvis Labarca, Joxi Quiroz, Kendry Osorio, Paúl Bautista, Rolando Baleta, Carlos Contreras y Manuel Chacón; y en condición de arresto domiciliario estará Lizusjey Niebles, medida que se otorga tras haber dado a luz en los recientes meses.

Por su parte, Michael González y Leonardo López se encuentran evadidos, y pesa sobre ellos una orden de captura por parte de la Interpol.

Un caso que materializa graves violaciones a los derechos humanos

Los hechos condenados ocurrieron el 20 de julio de 2017, durante la detención arbitraria del joven durante una protesta en las adyacencias de la sede de Corpoelec en el sector Amparo, de Maracaibo, estado Zulia, en el marco de las protestas antigubernamentales.

En este caso se configuraron una serie de hechos que vulneraron derechos fundamentales de la víctima, tales como la detención arbitraria, en perjuicio de sus derechos a la libertad personal y a la protesta pacífica, y el derecho a ser presentado ante el juez natural y debido proceso, puesto que la víctima fue presentada ante tribunales militares contraviniendo lo dispuesto en la Constitución venezolana.

Durante su detención arbitraria, el joven fue torturado con violencia sexual. Por ello, desde Codhez, en representación de la víctima, se insistió que existían elementos de convicción suficiente para juzgar a los acusados por el delito de tortura, dada la gravedad de los hechos y el daño ocasionado.

Este caso, además, fue documentado en el primer informe emitido por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, en septiembre de 2020, recogido como parte de los hechos que confirman un patrón de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a las personas detenidas en el marco de protestas antigubernamentales de 2017, y que se remontan al ciclo de manifestaciones de 2014.

Estas y otras circunstancias del caso constituyen, a su vez, un patrón de persecución y criminalización en contra de las personas disidentes al régimen político actual, ejecutado y materializado por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

Codhez destaca que este hecho no es suficiente para reparar el daño causado a la víctima. Sin embargo, la organización de derechos humanos saluda que los tribunales nacionales impartan justicia a agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

“Esperamos que este caso siente un precedente para detener la impunidad reinante en el sistema judicial venezolano en relación con los casos de violaciones de derechos humanos, que involucran la actuación de funcionarios de seguridad nacional, tanto de fuerzas policiales como militares”, apunta Codhez.

La organización también reitera que es obligación del Estado venezolano avanzar en procesos de reparación de los derechos de la víctima y de sus familiares, así como ofrecer garantías de no repetición, y atender su responsabilidad de investigar, sancionar y prevenir los casos de violaciones de derechos humanos que siguen siendo numerosos en el país y continúan en la impunidad.

 

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