Por Harold Contreras

La situación de los adultos mayores es preocupante, este hecho es notable en las comunidades rurales fuera de la ciudad de Caracas, la dificultad para acceder a los alimentos, a un sistema de salud adecuado, al agua potable, la carencia de transporte público no es ninguna novedad en las comunidades de la Fila de Turgua (Zona montañosa a 35 km de Caracas, en el municipio El Hatillo, estado Miranda), quienes ya enfrentaban una espera de 2 a 3 horas por el servicio. Hoy su frecuencia pasó a 1 camioneta por día, a veces, inexistente como consecuencia de la escasez de gasolina, lo que dificulta su traslado a centros urbanos. Además al ser una zona rural, los habitantes de la comunidad, se encuentran con alto riesgo de vulnerabilidad a brotes como la leishmaniasis, con lesiones que se evidencian en adultos mayores.

Claudia Mahler, quien trabaja para el Instituto Alemán de Derechos Humanos como investigadora, y es Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad avanzada, sostiene que el envejecimiento de la población constituye uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI y que en América Latina y el Caribe. En el caso particular de Venezuela cabe mencionar que por la masiva migración que se experimentó en los últimos cinco años y el aumento de la mortalidad, es notable el número de adultos mayores, que además se encuentran en situación de riesgo. La mayoría de los habitantes de edad avanzada en Turgua, están desempleados, la causa es su edad, condición física o mental, por lo que son discriminados por parte de los empleadores siendo este otro elemento que vulnera su dignidad humana y calidad de vida. De esta manera queda en evidencia la ausencia de medidas para evitar toda discriminación fundada en la edad, en materia de empleo y ocupación, tal como lo orienta el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce una serie de derechos que son inherentes a la condición humana, y exhorta a los Estados Partes, a adoptar sin discriminación medidas mediante la asistencia y cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. El mencionado Pacto al igual que la Constitución de 1999 reconoce una serie de derechos que son inherentes a la condición humana, con la diferencia que la Constitución en Venezuela, hizo una mención especial a las personas de edad avanzada en el artículo 80 al disponer que, el Estado con la participación de la familia y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida.

A partir de mediados de marzo del 2020, y con ocasión a la pandemia Covid-19, el Ejecutivo Nacional declaró estado de emergencia y tomó una series de medidas  a los fines de enfrentar la epidemia, que ha afectado a los distintos grupos de personas entre las que se encuentran las de edad avanzada, considerados como grupo de alto riesgo, y dentro de este grupo se encuentran aquellas que carecen de medios económicos suficientes para subsistir y que viven en zonas rurales, siendo este el grupo que ha corrido el mayor riesgo en el presente escenario, tal es el caso de los habitantes de Turgua.

La carencia de transporte en Turgua, agudiza la vulneración del derecho a la salud física y mental de las personas de edad más avanzada, quienes no pueden trasladarse a centros de salud públicos en caso de enfermarse, y no pueden adquirir medicinas ya sea por su alto costo y por la ausencia de farmacias en la localidad, así como la falta de materiales de bioseguridad adecuados para prevenir el contagio del Covid-19, por lo que tienen que ser elaborados en casa. La adquisición de alimentos y el acceso al agua, es otra adversidad, en primer lugar porque sus únicos ingresos económicos son las pensiones, siendo insuficiente para costear sus gastos de alimentación y no existe la estructura física adecuada para la distribución del vital líquido, por lo que tienen que acudir a pozos o riachuelos en el sector, y en segundo lugar porque son escasos los centros de distribución de alimentos, y los pocos que existen son revendedores que tienen un precio muy alto en comparación a localidades como Baruta o El Hatillo, dependiendo para alimentarse exclusivamente de lo que producen sus siembras (quienes la tienen) y el programa de alimento CLAP, vulnerando esta situación su derecho a tener una calidad de vida adecuada a su edad.

La ONU ha instado a los gobiernos y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a establecer servicios sociales de apoyo a las familias cuando existan personas mayores dependientes en el hogar y a que apliquen medidas especialmente destinadas a las familias con bajos ingresos que deseen mantener en el hogar a familiares de edad con tales características. Al respecto, existen Organizaciones No Gubernamentales como Techo Venezuela, que en alianza con otras Organizaciones y conjuntamente con los Consejos Comunales en Turgua  han detectado las necesidades en las personas de edad avanzada y han procurado disminuir el impacto de esta situación, a través de jornadas médicas, charlas de concientización, la entrega alimentos y productos de higiene de prevención para el Covid-19, que son el resultado de donativos de personas o instituciones, siendo que hasta la presente fecha se han logrado beneficiar a más de 137 personas de edad avanzada mayores de 60 año.

La Experta Independiente Claudia Mahler, ha manifestado que «Desde una perspectiva de derechos humanos, la edad no es simplemente una designación numérica, sino más bien una noción social enraizada en la costumbre, la práctica y la percepción de la función que una persona desempeña en su comunidad. La vulnerabilidad y la fragilidad propias de la edad pueden ser el resultado del estado físico y mental, o de impedimentos debidos al envejecimiento, pero también pueden ser el resultado de obstáculos encontrados como consecuencia de la percepción de la sociedad y de la interacción de la persona con su entorno».

Finalmente, el llamado es a que las distintas Organizaciones No Gubernamentales conjuntamente con la sociedad y las instituciones públicas, puedan atender las necesidades de las personas de edad avanzada a fin de brindarles una mejor calidad de vida, por ser el sector de la población más vulnerable, marginado y no protegido.